El tribunal de Estrasburgo analizará la imparcialidad de Cobos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo será el que finalmente decida sobre la imparcialidad del presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que militó en el PP, al menos, entre 2008 y 2011, cuando ya era magistrado de este tribunal.
La sala segunda de Constitucional ha rechazado la petición presentada por el exjuez Baltasar Garzón para que se anulara la providencia en la que el alto tribunal desestimó concederle amparo, después de que el Supremo le condenara por prevaricación al autorizar escuchas en las conversaciones de abogados con los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.
La sala, por unanimidad, rechazó la petición de nulidad porque “resulta inviable, con carácter general, cualquier petición de revisión o nulidad”. “Ni siquiera este tribunal puede dejarla sin efecto”, añade el auto.
Garzón alegó que, de haber conocido la militancia de Cobos (el magistrado la ocultó al Senado cuando fue examinada su idoneidad), le hubiera recusado antes de que participara en la deliberación y fallo sobre su petición de amparo. Por ello, el auto hace referencia a esa posible recusación e indica que el criterio sobre la imparcialidad del presidente ya fue fijado en el auto del pleno (aprobado por nueve votos a favor y dos en contra) que rechazó las recusaciones formuladas por Cataluña.
Tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional, los abogados de Baltasar Garzón anunciaron ayer que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que sea este el que decida sobre la imparcialidad de Francisco Pérez de los Cobos. Garzón ya presentó en ese mismo tribunal de Estrasburgo un recurso por su condena, al entender que, con ella, se vulneraron determinados preceptos de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Tanto en el auto sobre la petición de nulidad de Garzón como en el de rechazo de las recusaciones formuladas por Cataluña contra Cobos, el Constitucional ha apelado a una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. El alto tribunal español solo se ha referido al hecho de que el fallo alude a que la afiliación política de los miembros de los tribunales no afecta por sí misma a su imparcialidad. También ha admitido que el tribunal europeo señala que la imparcialidad no está afectada “si no existe conexión o vínculo con las partes en el procedimiento”, pero ha obviado otros argumentos que recoge la misma sentencia. El fallo indica que existe una imparcialidad objetiva y otra subjetiva y, respecto a la primera, indica que ha de analizarse si “además de la conducta personal de los jueces existen hechos ciertos que puedan hacer surgir dudas sobre su imparcialidad”. Además, añade: “Incluso las apariencias pueden ser de cierta importancia”. Es decir, sigue la teoría que sirvió para aprobar la recusación del ahora exmagistrado Pablo Pérez Tremps, que fue apartado del debate sobre el Estatuto de Cataluña por haber participado en un estudio previo.
Aquel caso que llegó a Estrasburgo tuvo su origen en un litigio civil ante el desacuerdo entre propietario e inquilino y unas obras en un establecimiento. El juzgador, además, era parlamentario y militante socialdemócrata en un país en el que la separación de poderes difiere del de España. El juez era un experto en asuntos de alquileres y, tal como indica la sentencia, podía aportar “contribuciones valiosas” al caso.
Fonte: http://politica.elpais.com/politica/2013/09/25/actualidad/1380135600_741502.html
quinta-feira, 26 de setembro de 2013
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
V Congresso Internacional Revisitando o Direito Público - DIREITO, PODER E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA: O ATIVISMO JUDICIAL EM DEBATE
26 e 27 de Setembro de 2013 | Auditório da Escola da AJURIS | Porto Alegre - RS
O evento é promovido pela Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (APERGS), Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (ESAPERGS), com co-promoção da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS).
Professora Drª Jânia Saldanha, coordenadora do CCULTIS-UFSM, será debatedora na Palestra Internacional “Pueden constitucionalizarse los derechos prestacionales mínimos o lo dejamos en manos del legislador o del poder judicial?”, a ser ministrada por Luis Alberto Petit Guerra, Coordenador do Centro Derecho Procesal Constitucional, da Universidad Monteávila, Venezuela.
O evento é promovido pela Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (APERGS), Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (ESAPERGS), com co-promoção da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS).
Professora Drª Jânia Saldanha, coordenadora do CCULTIS-UFSM, será debatedora na Palestra Internacional “Pueden constitucionalizarse los derechos prestacionales mínimos o lo dejamos en manos del legislador o del poder judicial?”, a ser ministrada por Luis Alberto Petit Guerra, Coordenador do Centro Derecho Procesal Constitucional, da Universidad Monteávila, Venezuela.
Mais informações em: http://www.revisitando.com.br/2013/
terça-feira, 24 de setembro de 2013
Argentina abre todos sus consulados para recoger denuncias contra el franquismo
Argentina ha habilitado sus consulados en todo el mundo para que puedan recibir denuncias de víctimas del franquismo, según han informado fuentes judiciales de ese país. La juez de Buenos Aires que investiga los crímenes del régimen, María Servini de Cubría, había solicitado hace seis meses al Ministerio de Relaciones Exteriores que abriese las puertas de sus sedes en el extranjero para que sus diplomáticos recojan testimonios de víctimas y estas no tuvieran que viajar a Buenos Aires para presentarlos. La respuesta de Exteriores a la juez llegó el pasado jueves, un día después de que la juez pidiera la detención de cuatro presuntos torturadores del franquismo.
“No es una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Nosotros le pedimos en marzo que los consulados tomen las declaraciones y el ministerio tenía la obligación de aceptarlo", explicaron en el juzgado de Servini. El pasado jueves, funcionarios del ministerio llamaron a los tribunales para comunicarles que todos los consulados ya habían recibido la orden de tramitar las denuncias de represaliados españoles del franquismo, según explicaron las citadas fuentes.
En el juzgado de María Servini de Cubría explicaron que aquellas personas interesadas en denunciar crímenes del régimen franquista solo deben concurrir a un consulado argentino. Allí cualquier diplomático deberá tomarle declaración y el cónsul tendrá que certificarla, como si fuera un notario. Ese testimonio será remitido a la juez de Buenos Aires.
Este paso culmina un proceso abierto en Argentina en 2010. Ese año, ante la falta de progreso de las causas contra el franquismo en España,algunos familiares de víctimas presentaron denuncias en Argentina para que se investigaran allí los “crímenes del terrorismo de Estado”, considerados imprescriptibles, bajo el criterio de justicia universal. ¿Por qué Argentina? Porque en este país residen muchos parientes de represaliados; porque en Argentina se abolieron en 2006, con el Gobierno de Néstor Kirchner, las amnistías que protegían a los criminales de la última dictadura militar de los años 1976 a 1983 (y desde entonces han sido condenados más de 300 culpables); y porque todo esto fue posible por la presión que en los 90 supuso que el entonces juez Baltasar Garzón comenzara a investigar en España los delitos de los regímenes argentino y chileno (1973-1990) bajo el criterio de justicia universal.
En los últimos tres años se han acumulado en la causa argentina contra el franquismo miles de testimonios, pero ahora puede que se sumen más con la apertura de las oficinas de recepción de denuncias. Este posible aumento de las denuncias contra el franquismo contribuyen dos factores: que con la apertura de los consulados los posibles denunciantes no tendrán que acudir a Buenos Aires para prestar su testimonio y el impacto mediático que ha tenido la orden de detención contra los cuatro acusados de torturas.
La juez Servini había prometido en 2012 que viajaría a España a tomar declaraciones de querellantes, pero suspendió su periplo por falta de recursos, según han asegurado los abogados de los denunciantes. Después planeó para mayo pasado que en el consulado argentino en Madrid se montara una teleconferencia para que ella pudiera escuchar a las víctimas, pero fue suspendida a último momento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se quejó entonces ante el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, por organizar en el consulado de la capital española la citada teleconferencia. España advirtió a Argentina de que si la llevaba a cabo violaría el tratado bilateral de cooperación judicial. Ahora, las fuentes consultadas en el juzgado de Servini subrayan que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede oponerse a que los cónsules argentinos en cualquier país certifiquen testimonios de represaliados.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visita desde es lunes España, donde permanecerá hasta el próximo lunes. Los expertos de la ONU examinarán las medidas adoptadas por el Estado español sobre cuestiones relativas a la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas. Para este martes está prevista una protesta de la plataforma por la Comisión de la Verdad ante el hotel de Madrid en el que han instalado su base los enviados de Naciones Unidas.
Fonte: http://politica.elpais.com/politica/2013/09/23/actualidad/1379955904_324986.html
“No es una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Nosotros le pedimos en marzo que los consulados tomen las declaraciones y el ministerio tenía la obligación de aceptarlo", explicaron en el juzgado de Servini. El pasado jueves, funcionarios del ministerio llamaron a los tribunales para comunicarles que todos los consulados ya habían recibido la orden de tramitar las denuncias de represaliados españoles del franquismo, según explicaron las citadas fuentes.
En el juzgado de María Servini de Cubría explicaron que aquellas personas interesadas en denunciar crímenes del régimen franquista solo deben concurrir a un consulado argentino. Allí cualquier diplomático deberá tomarle declaración y el cónsul tendrá que certificarla, como si fuera un notario. Ese testimonio será remitido a la juez de Buenos Aires.
Este paso culmina un proceso abierto en Argentina en 2010. Ese año, ante la falta de progreso de las causas contra el franquismo en España,algunos familiares de víctimas presentaron denuncias en Argentina para que se investigaran allí los “crímenes del terrorismo de Estado”, considerados imprescriptibles, bajo el criterio de justicia universal. ¿Por qué Argentina? Porque en este país residen muchos parientes de represaliados; porque en Argentina se abolieron en 2006, con el Gobierno de Néstor Kirchner, las amnistías que protegían a los criminales de la última dictadura militar de los años 1976 a 1983 (y desde entonces han sido condenados más de 300 culpables); y porque todo esto fue posible por la presión que en los 90 supuso que el entonces juez Baltasar Garzón comenzara a investigar en España los delitos de los regímenes argentino y chileno (1973-1990) bajo el criterio de justicia universal.
En los últimos tres años se han acumulado en la causa argentina contra el franquismo miles de testimonios, pero ahora puede que se sumen más con la apertura de las oficinas de recepción de denuncias. Este posible aumento de las denuncias contra el franquismo contribuyen dos factores: que con la apertura de los consulados los posibles denunciantes no tendrán que acudir a Buenos Aires para prestar su testimonio y el impacto mediático que ha tenido la orden de detención contra los cuatro acusados de torturas.
La juez Servini había prometido en 2012 que viajaría a España a tomar declaraciones de querellantes, pero suspendió su periplo por falta de recursos, según han asegurado los abogados de los denunciantes. Después planeó para mayo pasado que en el consulado argentino en Madrid se montara una teleconferencia para que ella pudiera escuchar a las víctimas, pero fue suspendida a último momento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se quejó entonces ante el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, por organizar en el consulado de la capital española la citada teleconferencia. España advirtió a Argentina de que si la llevaba a cabo violaría el tratado bilateral de cooperación judicial. Ahora, las fuentes consultadas en el juzgado de Servini subrayan que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede oponerse a que los cónsules argentinos en cualquier país certifiquen testimonios de represaliados.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visita desde es lunes España, donde permanecerá hasta el próximo lunes. Los expertos de la ONU examinarán las medidas adoptadas por el Estado español sobre cuestiones relativas a la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas. Para este martes está prevista una protesta de la plataforma por la Comisión de la Verdad ante el hotel de Madrid en el que han instalado su base los enviados de Naciones Unidas.
Fonte: http://politica.elpais.com/politica/2013/09/23/actualidad/1379955904_324986.html
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
Proteção à intimidade vs. liberdade de expressão
No dia 19 de setembro de 2013 a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu o processo von Hannover c. Allemagne (n° 3) cujo centro da discussão relacionou-se à proteção da intimidade ou à liberdade de expressão de pessoas públicas. Depois de julgamentos ocorridos na jurisdição alemã, a CEDH decidiu que a justiça estatal tomou todos os cuidados necessários para julgar a causa. Em razão disso, entendeu que prevalecia a liberdade de expressão.
Veja-se em:
É possível construir uma justiça universal?
Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo
18 SEP 2013 - 22:29 CET
En una resolución considerada histórica por las víctimas del franquismo, la juez argentina María Servini de Cubría decidió este miércoles la imputación y la solicitud de la orden internacional de detención de cuatro acusados por torturas del régimen: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño.
18 SEP 2013 - 22:29 CET
En una resolución considerada histórica por las víctimas del franquismo, la juez argentina María Servini de Cubría decidió este miércoles la imputación y la solicitud de la orden internacional de detención de cuatro acusados por torturas del régimen: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño.
Ante la falta de progreso de las causas en España, las víctimas del franquismo han llevado en 2010 sus denuncias a Argentina. Allí, la juez Servini las tomó en consideración, teniendo en cuenta el criterio de justicia universal, el mismo por el que el exjuez Baltasar Garzón investigó en España a los criminales de las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990) en la década de los noventa, cuando en esos países reinaba la impunidad. Servini ha pedido ahora la extradición de Galván, Muñecas Giralte y Billy El Niño para tomarles declaración indagatoria.
No es de esperar que España los detenga ni que los envíe a Argentina. Hace pocos meses, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo gestiones para que finalmente se suspendiera una teleconferencia en el consulado argentino en Madrid para que desde allí la juez Servini recogiera el testimonio de querellantes, según han denunciado abogados y familiares de las víctimas. Pero la orden de detención dictada por Servini puede dificultar que los cuatro imputados salgan de España porque corren el riesgo de que en otros países Interpol los detenga.
Galván tiene 78 años y tiene domicilio en Madrid. Ha sido imputado por las torturas infligidas contra José María Galante Serrano en 1969, cuando fue detenido sin proceso ni multa gubernativa alguna por supuestas actividades “subversivas”, y contra Acacio Puig Mediavilla, arrestado en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en 1973. Muñecas, de 74 años y residente en Madrid, está imputado por torturas contra Andoni Arrizabalada Basterrechea en 1968. “Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar”, dijo Muñecas en aquel entonces, según un testigo que vio a Arrizabalada en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautzen, ensangrentado e irreconocible, con el rostro y los brazos llenos de moratones, con un imagen que no parecía humana.
Giralte, de 72 años y con domicilio en Tres Cantos, está acusado por los tormentos contra Galante y contra Alfredo Rodríguez Bonilla, en su detención en 1975. “(Giralte y Jesús González Reglero) me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna”, atestiguó Rodríguez Bonilla. “Según me iban golpeando, me decían: “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es maricón’”, relató el denunciante. Billy El Niño, de 66 años y residente en Madrid, está imputado por torturas contra 13 víctimas. Los querellantes han recordado su frialdad al propinar palizas, sus azotes con la porra y sus explicaciones de que lo hacía porque no le gustaban sus caras.
Fonte: El País: http://politica.elpais.com/politica/2013/09/18/actualidad/1379536148_955897.htmlquarta-feira, 18 de setembro de 2013
Ministro do STF reafirma o comprometimento do Estado brasileiro com as normas internacionais de Direitos Humanos, em julgamento sobre o cabimento de embargos infringentes na Ação Penal 470
"Comprometimento internacional
O ministro Celso de Mello também abordou a questão do comprometimento do Estado brasileiro com tratados e decisões de cortes internacionais de direitos humanos. Na semana passada, o ministro Luiz Fux havia afirmado que o Brasil, por questões de soberania, não precisava se submeter a princípios firmados por tribunais e tratados estrangeiros e que o duplo grau de jurisdição era um mito jurídico.
O decano disse que, embora não exista uma relação de hierarquia entre o sistema jurídico doméstico e o âmbito das cortes internacionais, há, sim, o compromisso legal que obriga o Estado brasileiro acatar e adotar esses princípios. “Os jornais noticiaram que a República Bolivariana da Venezuela repudiou esse compromisso que assumira anteriormente, [compromisso] que o Brasil mantém íntegro”, disse."
Notícia completa em:
Audiência Pública da Corte IDH sobre Opinião Consultiva nº 21
Será celebrada, nos dias 09 e 10 de outubro de 2013, na Cidade do México, Audiência Pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) para apresentação de argumentos orais sobre a Solicitação de Opinião Consultiva nº 21, realizada pelos Estados de Argentina, Brasil, Paraguai y Uruguai.
A OC-21 consiste em consulta dos referidos países à Corte Interamericana sobre as obrigações dos Estados, perante às normas de direito internacional, em relação às crianças e adolescentes migrantes.
Mais informações em:
http://corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/opinionconsultiva.pdf
A OC-21 consiste em consulta dos referidos países à Corte Interamericana sobre as obrigações dos Estados, perante às normas de direito internacional, em relação às crianças e adolescentes migrantes.
Mais informações em:
http://corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/opinionconsultiva.pdf
Corte Interamericana da por cerrado el Caso Castañeda Gutman vs. México
San José, Costa Rica, 11 de septiembre de 2013.
Sobre la base de la información recibida de las partes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió dar por concluido y archivar el caso Castañeda Gutman Vs. México. El caso se refiere a la falta de un recurso judicial efectivo para poder cuestionar la negativa de inscripción del señor Castañeda Gutman como candidato independiente al cargo de Presidente de México para las elecciones del año 2006.
La decisión de la Corte Interamericana se tomó en el último período ordinario de sesiones luego de constatar que el Estado mexicano había cumplido las tres medidas de reparación dispuestas por la Corte en su Sentencia del 6 de agosto de 2008. La Corte había reconocido ya, en una Resolución de 1 de julio de 2009, que el Estado había cumplido con su obligación de publicar las partes de la Sentencia dispuestas por la Corte, y de pagar el monto fijado en la Sentencia por reintegro de costas y gastos.
En esta oportunidad, la Corte consideró que el Estado cumplió con la reparación restante, relativa a la adecuación del derecho interno a la Convención. Esta consiste, esencialmente, en que mediante el juicio de protección de los derechos del ciudadano se garantice de forma efectiva el derecho al cuestionamiento de la constitucionalidad de una regulación legal acerca del derecho a ser elegido. La Corte tomó en cuenta, entre otros aspectos:
a) la aplicación de la reforma constitucional de 2007;
b) la reforma legislativa que estableció la competencia de los tribunales electorales para examinar la constitucionalidad de las normas electorales en los casos concretos;
c) los precedentes judiciales que evidencian una práctica judicial consecuente con lo ordenado en la Sentencia;
d) la reforma constitucional de 2011, que estableció la obligación de interpretar las disposiciones relativas a derechos humanos conforme al principio pro persona, unida a la interpretación al respecto de la Suprema Corte, por la cual los tribunales nacionales tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad de oficio y de considerar obligatoria la jurisprudencia de este Tribunal en los casos respecto de México, y
e) el principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
El texto íntegro de la resolución está en el siguiente enlace:
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/castañeda_28_08_13.pdf
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Para mayor información, puede dirigirse a la página de la Corte Interamericana
http://corteidh.or.cr/index.cfm o enviar un correo electrónico dirigido a Pablo Saavedra
Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr.
terça-feira, 17 de setembro de 2013
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Worshop
O CCULTIS convida para o Workshop “Olhares comparados sobre justiça constitucional”, que abordará temas de direito constitucional e internacional relacionados às jurisdições dos países latino-americanos, a partir de exposições que serão realizadas pelos pesquisadores (acadêmicos e mestrandos). Demais informações vide folder.
Planos de ataque à Síria desafiam direito internacional, diz Rússia
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia considera os planos de alguns de países de lançar um ataque militar contra a Síria um “aberto desafio” às normas do direito internacional e dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas.
Assim declarou o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Gennady Gatilov, ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moom, em uma reunião realizada ontem em Haia, segundo um comunicado divulgado nesta quinta pelo ministério citado.
“Na etapa atual é preciso utilizar ao máximo o instrumental político-diplomático e, em primeiro lugar, permitir que os observadores das Nações Unidas averiguem os possíveis casos de uso de armas químicas na Síria, que terminem seu trabalho e que informem de seus resultados ao Conselho de Segurança da ONU”, citou Gatilov.
Na reunião com Ban, o vice-ministro russo ressaltou que “os planos de atacar militarmente à Síria que declaram alguns Estados constituem um aberto desafio às normas do direito internacional e aos princípios fundamentais da ONU”.
Moscou advertiu que uma intervenção militar na Síria sem o mandato da ONU teria consequências catastróficas não só para o país árabe, mas para toda a região do Oriente Médio e o norte da África.
As autoridades russas não dão crédito às denúncias da oposição síria que no último dia 21 de agosto as tropas do regime de Bashar al Assad lançaram um ataque com armas químicas nos arredores de Damasco, uma ação, que, de acordo com a oposição, teria causado mais de 1,3 mil mortes.
Segundo as autoridades russas, essas denúncias se mostram como uma provocação que procura servir de pretexto para uma intervenção militar internacional na Síria e decantar a sorte do conflito a favor da oposição que combate o regime de Assad.
29 de Agosto de 2013•04h46 • atualizado às 10h59
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